“EL DESALOJO DE LAS VIVIENDAS DE LA INSTITUCIÓN ES POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL”
EL DIRECTOR DE LA EX ENA CONFIRMÓ QUE EXISTE UNA DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN TORNO A DESALOJAR LAS PROPIEDADES HABITACIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTABLECIMIENTO
En medio de una controversia, el Director del Ex ENA, Mauricio Arónica, informó sobre la aplicación de desalojos en algunas viviendas ubicadas dentro de la institución educativa, generando inquietud entre los habitantes actuales. Arónica explicó que la medida obedece a la necesidad de ajustarse a las normativas actuales, específicamente la resolución 594 del Ministerio de Educación de la Provincia.
La institución, que cuenta con un extenso terreno que incluye viviendas destinadas a habitación, ha estado bajo la normativa de resoluciones ministeriales desde la década de 1980. Sin embargo, la situación tomó un nuevo rumbo con la implementación de la ley de uso de bienes del Estado Público en 2018, marcando pautas más estrictas sobre la ocupación de inmuebles pertenecientes al Estado.
Según Arónica, la notificación de desalojo ha llegado a los habitantes a través del Sistema de Información y Documentación de la Provincia (Sidi). Aquellos que ya cuentan con esta notificación, así como aquellos que aún no la han recibido a través de Sidi, han sido informados por la institución.
La medida establece que quienes ocupen estas viviendas deben tener un domicilio real fuera de la institución educativa, dentro de la localidad. Además, se destaca que los ocupantes deben ser estudiantes de la escuela para tener derecho a residir en estas viviendas.
Arónica señaló que estas normativas buscan establecer pautas claras para la ocupación de las viviendas y asegurar que se cumplan las condiciones estipuladas por el Ministerio de Educación. Asimismo, mencionó que la decisión se basa en expedientes presentados desde 2019, donde los habitantes solicitaron el permiso para habitar las viviendas, pero no han recibido respuesta hasta la fecha.
Aunque el Director expresó su comprensión hacia la preocupación de los afectados, resaltó que su función es cumplir con las normativas vigentes y no modificar las decisiones establecidas por el Ministerio de Educación. La controversia sigue siendo objeto de debate entre los habitantes y la comunidad educativa.
