
Casi 100 días sin Lian
La causa se mantiene sin imputados ni avances visibles. El abogado de la familia, Darío Baggini, anunció la incorporación de expertos en IA y cuestionó las contradicciones en los testimonios
Cuando se cumplen casi 100 días de la desaparición de Lian, el niño cuya ausencia mantiene en vilo a toda una comunidad, la investigación federal incorpora nuevas herramientas tecnológicas para intentar destrabar el caso. Así lo confirmó Darío Baggini, abogado que representa a la familia, al informar que dos especialistas en inteligencia artificial fueron sumados como consultores técnicos tras la autorización del juez federal Pablo Pinto.
La medida fue posible gracias al levantamiento parcial del secreto de sumario en el fuero federal, lo que permitió avanzar con la incorporación de profesionales altamente calificados, incluso con experiencia en el ámbito científico y tecnológico, como exbecarios del CONICET. Su tarea estará enfocada en procesar y analizar el gran volumen de información acumulada, tarea que, según Baggini, hoy reemplaza a la búsqueda masiva inicial.
Mientras tanto, la provincia aún mantiene el secreto de sumario, lo que impide unificar esfuerzos de forma plena. Sin embargo, los nuevos avances en el fuero federal abren una esperanza para esclarecer un caso que hasta el momento no ha producido pruebas firmes ni sospechosos imputados.
El abogado también llamó la atención sobre la cantidad de contradicciones existentes en los testimonios brindados ante distintas instancias judiciales, tanto provinciales como federales. Señaló que si bien esas inconsistencias podrían derivar en imputaciones por falso testimonio, todavía no constituyen elementos concluyentes que vinculen a personas concretas con la desaparición del menor.
Frente a este panorama, se baraja la posibilidad de recurrir a detectores de mentiras. Aunque no están expresamente contemplados por el Código Procesal Penal de la Nación, Baggini argumenta que podrían utilizarse bajo el principio de amplitud probatoria, siempre y cuando se respeten las garantías constitucionales del declarante.