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Causa por delitos financieros

La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la responsabilidad de dos socios de una empresa local por intermediación financiera no autorizada. Se dictó falta de mérito para una tercera implicada.

Causa por delitos financieros

La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la responsabilidad de dos socios de una empresa local por intermediación financiera no autorizada. Se dictó falta de mérito para una tercera implicada.

La investigación por presunta intermediación financiera no autorizada, que involucra a los titulares de la firma "Centro de Negocios SRL" con sede en Bell Ville, sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de dos de los imputados, ambos de apellido Barcos, y dictó la falta de mérito para una tercera persona que se desempeñaba como secretaria en la empresa.

El caso surgió como desprendimiento de otra causa relacionada con criminalidad económica, lo que llevó a profundizar en las operaciones de la firma local. Según informó la fiscal Virginia Miguel, la actividad que desarrollaban incluía captación de ahorros, préstamos con intereses, cambio de divisas y otras maniobras típicas de una "mesa de dinero", sin contar con la debida autorización del Banco Central.

Durante la instrucción se realizaron allanamientos, se recolectó documentación y se tomaron declaraciones indagatorias que permitieron al juez federal dictar los primeros procesamientos. La fiscal confirmó que la Cámara revocó una agravante vinculada a la publicidad de las operaciones, pero mantuvo la imputación principal basada en el artículo 310 del Código Penal, que sanciona la intermediación financiera no autorizada con penas de uno a cuatro años de prisión.

El fallo de la Cámara también establece que la secretaria queda momentáneamente fuera del procesamiento, aunque no desvinculada de la causa, al dictarse falta de mérito. Según explicó la fiscal, este paso significa un avance importante hacia la posible elevación de la causa a juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados.

La investigación busca proteger el orden financiero y evitar que personas u organizaciones ofrezcan servicios financieros sin respaldo ni control estatal, exponiendo a los ahorristas a posibles pérdidas económicas.

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