Paro nacional de prestadores de discapacidad
Profesionales, familias y acompañantes terapéuticas alzaron su voz en una jornada de reclamo que expone la grave crisis del sistema de atención a personas con discapacidad.
Este jueves, profesionales del área de discapacidad de nuestra ciudad se sumaron al paro nacional convocado para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector. Psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, psicomotricistas y docentes de apoyo manifestaron su preocupación por la falta de aumentos desde diciembre, la demora en las autorizaciones de tratamientos y los aranceles cada vez más desactualizados.
Micaela Ibarra, psicopedagoga, y Paola Bustos Osuna, fonoaudióloga, participaron activamente de la movilización local. Ambas coincidieron en que la realidad se vuelve cada vez más insostenible: los centros enfrentan deudas crecientes, las obras sociales exigen requisitos excesivos y la falta de respuestas pone en jaque la continuidad de los tratamientos. "Sin prestadores, no hay prestaciones", resumieron durante la jornada.
A la movilización también se sumaron madres de niños con discapacidad. Relataron las enormes dificultades para acceder a docentes de apoyo, acompañantes terapéuticos y medicamentos. Explicaron que los trámites se extienden durante meses, impidiendo que los niños asistan con normalidad a la escuela o reciban la atención necesaria para su desarrollo. La burocracia y la demora de las mutuales se convierten en un obstáculo constante.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de una madre que lleva años reclamando por una docente acompañante para su hijo con autismo. La denegación reciente de esa prestación por parte de la Defensoría del Pueblo, sumada al retraso en los pagos de la obra social, la llevó a unirse al reclamo para exigir respuestas concretas y un sistema más empático y eficiente.
Las acompañantes terapéuticas también formaron parte del paro. Denunciaron demoras de hasta cinco meses en los pagos por parte de las mutuales, tarifas que no superan los 4 mil pesos por hora, y la falta de reconocimiento de su rol esencial en la inclusión escolar. Subrayaron que, a pesar de las demoras, muchas siguen trabajando para no dejar a los niños sin asistencia.
Aunque las problemáticas no son nuevas, los trabajadores coinciden en que la situación se agravó durante los últimos meses, por lo que reclaman con urgencia una ley de emergencia para el sector discapacidad.
