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SE CONFIRMÓ LA ELEVACIÓN A JUICIO DE UN RESONADO CASO POR UN DELITO DE INSTANCIA PRIVADA

La Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación avanza en el caso de abuso sexual contra menores ocurridos hace casi 23 años...

La Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación avanza en el caso de abuso sexual contra menores ocurridos hace casi 23 años. La defensa alega prescripción, pero la ley respalda la decisión de elevarlo a juicio.

 En un caso que ha llevado a la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, se ha rechazado el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa en un controvertido caso de abuso sexual que se habría llevado a cabo desde 1927 hasta el año 2000.

Los hechos fueron denunciados en 2019 por dos víctimas, y ahora, en 2023, se confirma la decisión de elevar el caso a juicio oral. La defensa había interpuesto un recurso de oposición, argumentando que los hechos estaban prescritos debido al lapso de tiempo transcurrido desde su presunta ocurrencia. Sin embargo, tras un detenido análisis, la Fiscalía determinó que la prescripción no aplicaba, respaldando su posición con la ley 27206, que aborda el respeto a la temporalidad de la víctima.

La legislación, que busca garantizar el pleno respeto a la temporalidad de las víctimas, sostuvo que el periodo para presentar denuncias en este tipo de casos no había expirado. Esto marcó un precedente importante en la resolución del caso, confirmando la decisión de llevarlo a juicio. El Fiscal a cargo destacó que la ley, al considerar la temporalidad de la víctima, permite que las denuncias por abuso infantil puedan presentarse más allá de la prescripción convencional, que ha sido un avance significativo en la legislación. Sin embargo, planteó la pregunta sobre si debería existir un plazo específico, incluso después de la mayoría de edad, para que las víctimas de estos crímenes atroces puedan denunciar. La resolución del caso no solo marca un hito en la lucha contra el abuso sexual, sino que también abre el debate sobre la prescripción de estos delitos y la protección de las víctimas, sugiriendo posibles reformas legislativas para garantizar una justicia plena y respetuosa con la temporalidad de los afectados.

   

 

 

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