Avanza el debate por la baja de la edad de imputabilidad y crece el análisis sobre sus alcances
El abogado penalista local José Maggi analizó el proyecto de ley, los posibles cambios respecto al régimen actual y la necesidad de priorizar la protección de los menores.
El debate por un proyecto de ley que propone modificar la edad de imputabilidad penal de los menores continúa generando análisis y posturas diversas. La iniciativa, que aún se encuentra en discusión legislativa, plantea una posible reducción del límite actual, fijado hoy en los 16 años, con el objetivo de adecuarse a parámetros regionales e internacionales.
El abogado penalista local José Maggi explicó que el proyecto original contemplaba bajar la edad a los 13 años, aunque el dictamen de mayoría avanzó finalmente con la opción de establecerla en 14. De todos modos, remarcó que se trata de una propuesta que todavía puede sufrir modificaciones y cuyos alcances definitivos dependerán del texto que finalmente se apruebe.
Según el análisis del especialista, la iniciativa contempla que las penas privativas de la libertad queden reservadas para delitos graves, como homicidios o abusos sexuales, priorizando en otros casos sanciones alternativas. En ese marco, destacó que tanto la legislación vigente como el proyecto coinciden en un punto clave: los menores de edad no pueden ser alojados junto a adultos y cualquier medida de encierro debe realizarse en establecimientos especializados.
Maggi también hizo hincapié en la importancia de los equipos interdisciplinarios y los recursos del Estado, señalando que su necesidad estará directamente ligada a lo que establezca la ley. Si bien reconoció que siempre existen limitaciones en este aspecto, consideró fundamental que cualquier modificación normativa venga acompañada de herramientas adecuadas para su correcta aplicación.
Desde una mirada crítica y reflexiva, el abogado sostuvo que toda reforma del régimen penal juvenil debe priorizar el no encarcelamiento preventivo y poner el foco en el contexto familiar y social del menor. En ese sentido, señaló que no todos los delitos pueden ser analizados de la misma manera y que el Estado debe asumir un rol tutelar y de protección, especialmente cuando se trata de jóvenes que han tenido un primer conflicto con la ley.
Finalmente, Maggi advirtió que bajar la edad de imputabilidad implica, en los hechos, una ampliación del alcance del sistema penal, y cuestionó la eficacia de endurecer penas como solución al delito. Según su análisis, la experiencia demuestra que el aumento de sanciones no necesariamente reduce la criminalidad, por lo que consideró necesario seguir explorando alternativas integrales que apunten a la prevención y la reinserción.
