Modernización y transparencia: las propuestas de Rodrigo de Loredo para la seguridad y la justicia en Córdoba
En su visita a Bell Ville, el dirigente radical criticó duramente la gestión provincial, advirtiendo sobre fallas estructurales y planteando reformas inmediatas.
El referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, pasó por Bell Ville y dejó un diagnóstico crítico sobre la realidad institucional de la provincia. El dirigente focalizó sus cuestionamientos en dos áreas sensibles: las deficiencias del sistema de seguridad pública y lo que describió como un deterioro de la independencia en la justicia provincial. Ante este panorama, propuso una serie de modificaciones operativas y presupuestarias destinadas a optimizar los recursos existentes sin generar erogaciones adicionales para el Estado.
De Loredo caracterizó a la policía provincial como una fuerza que padece problemas de conducción, falta de insumos y salarios desactualizados, sumado a una edad de retiro que consideró inusualmente temprana en comparación con la expectativa de vida actual. Como alternativa para incrementar la presencia policial de forma inmediata, sugirió prolongar cinco años la edad de jubilación de los efectivos. Según explicó, esta medida permitiría sumar miles de agentes a las calles utilizando la misma partida presupuestaria vigente.
Por otra parte, desaprobó la creación de las guardias urbanas municipales, argumentando que trasladan la responsabilidad de la seguridad a los intendentes. Afirmó que estos cuerpos no cuentan con la preparación ni el armamento necesario para combatir el delito, por lo que propuso reasignar esos fondos hacia la fuerza provincial.
Con respecto al Poder Judicial, el dirigente alertó sobre un proceso de pérdida de autonomía debido a la designación de funcionarios vinculados al oficialismo en puestos clave del Tribunal Superior de Justicia y de las fiscalías. Manifestó que esta situación contrasta con el prestigio histórico que caracterizó a la justicia cordobesa en materia de reformas procesales y concursos de ingreso.
Asimismo, criticó la creación de estructuras que calificó como costosas y destinadas a fines políticos, tales como la procuraduría penitenciaria, el ministerio público de la defensa y las fiscalías adjuntas con cargos vitalicios. De Loredo sostuvo que, mientras se financian estos nuevos organismos, se desatienden las necesidades de la estructura judicial tradicional. Finalmente, vinculó el paro y las protestas en los tribunales con el aumento de los descuentos destinados a la caja de jubilaciones y a la obra social (Apross), señalando que estas medidas afectaron directamente el poder adquisitivo del personal judicial.
