Presupuesto Municipal 2026
Con la ordenanza ya aprobada, desde la oposición marcaron diferencias en la asignación de recursos, el bajo presupuesto social y la falta de planificación estratégica.
Con el Presupuesto 2026 aprobado en el Concejo Deliberante, la oposición fijó su postura y dejó en claro que, si bien acompañó la ordenanza en general por una cuestión institucional y democrática, no avaló varios de sus artículos en particular por profundas diferencias políticas y de gestión.
Desde el bloque opositor, Germán Villarroel señaló que el eje del desacuerdo no pasa únicamente por cuestiones técnicas, sino por la mirada política sobre cómo y para qué se destinan los recursos municipales. En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo administrará durante el próximo año cerca de 50 mil millones de pesos, fondos que provienen de los impuestos y tasas que aporta la comunidad de Bell Ville, y cuestionó cuáles son las prioridades definidas para ese gasto.
Uno de los puntos centrales del planteo fue el bajo porcentaje asignado a políticas sociales y de salud. Desde la oposición advirtieron que menos del 3% del presupuesto está destinado a asistencia social vinculada a la salud, como la compra de medicamentos, anteojos o pasajes para tratamientos médicos fuera de la ciudad, en un contexto de crisis social que atraviesa a muchas familias.
También se marcaron diferencias en materia de planificación para el desarrollo productivo y urbano. En ese marco, se señaló la falta de partidas específicas para obras consideradas estratégicas, como la finalización de la terminal de ómnibus, prometida hace una década, y la ausencia de un centro de transferencia para el transporte pesado, infraestructura que permitiría reducir el tránsito de camiones dentro de la ciudad y el deterioro del pavimento.
A estos cuestionamientos se sumaron observaciones sobre el modelo de ejecución de la obra pública. Villarroel indicó que el 85 % de las obras previstas para 2026 se realizarán mediante la contratación de empresas privadas, pese a que el municipio cuenta con personal propio capacitado, lo que implica una mayor transferencia de recursos al sector privado y deja solo un 15 % de las tareas en manos de trabajadores municipales.
En el plano ambiental, la oposición volvió a poner el foco en la falta de un plan integral para el basural. Se cuestionó la continuidad de contratos con empresas privadas por montos millonarios, mientras se señaló que existen recursos humanos municipales que podrían prestar ese servicio. Además, se alertó sobre la generación de un segundo basural a partir del funcionamiento de la planta de transferencia.
Por último, uno de los ejes más sensibles del debate fue la situación laboral dentro del municipio. Desde la oposición se advirtió que cerca de 200 trabajadores se desempeñan en condiciones precarias, bajo modalidades de contratación que no están contempladas en el Estatuto del Empleo Municipal. Se remarcó que muchos perciben salarios por debajo del mínimo vital y móvil y se reclamó la conformación de una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, el Concejo y los gremios para avanzar en políticas de Estado que regularicen estas situaciones.
