Vecinos de Campos del Oeste judicializarán el proyecto de pavimentación tras detectar irregularidades en el registro de oposición
Un grupo de frentistas denunció inconsistencias en los porcentajes oficiales sobre la adhesión al rechazado plan de obras y advirtió sobre la falta de transparencia en los costos finales. Ante la inminente aprobación de la ordenanza en el Concejo Deliberante, recurrirán a los tribunales para frenar la ejecución de las tareas y exigir explicaciones.
El conflicto se profundizó tras el ingreso del proyecto de ordenanza al ámbito legislativo. Según detalló el vecino Mariano Badía, el recuento de firmas realizado de forma independiente por los frentistas superó el 20 % de oposición requerido para frenar la iniciativa, alcanzando un cálculo estimado del 23 %. Sin embargo, la administración municipal determinó un cómputo oficial del 19,74 %, dejando la nómina al borde del límite establecido por solo una firma.
Asimismo, Mariano Badía señaló severas trabas administrativas durante el proceso. Mencionó que se impidió la rúbrica de varios propietarios por exigencias de presencialidad conjunta en matrimonios o por impedimentos de distancia en casos de inmuebles a nombre de familiares. A su vez, criticó la disparidad de criterios respecto a la junta de voluntades a favor, la cual se concretó de manera informal mediante recorridas domiciliarias.
Por su parte, el frentista Claudio Videla remarcó la constante ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo municipal ante los reiterados pedidos de información. Explicó que los vecinos debieron organizarse de forma autónoma para intentar resolver situaciones de equidad económica en lotes de esquina, debido a que el municipio no brindó asistencia técnica ni alternativas de financiamiento.
Claudio Videla advirtió además que el presupuesto global del proyecto sufrió un incremento sustancial, al pasar de una estimación inicial cercana a los 1600 millones de pesos a un monto final que supera los 2100 millones. Esta variación genera incertidumbre sobre la capacidad de pago de los propietarios y sobre los mecanismos de cobro o eventuales ejecuciones que podría aplicar la empresa adjudicataria Eserco.
Frente a este escenario, los vecinos damnificados confirmaron que iniciaron asesoramiento legal con un equipo de abogados para presentar una acción judicial contra el municipio. El objetivo de la presentación será frenar el avance del proyecto hasta que la justicia determine la validez de los porcentajes del registro de oposición y la transparencia de las condiciones de contratación planteadas.
